PERIÓDICO EL DICTAMEN DE GUERRERO

martes, 28 de febrero de 2017

Revelan panistas de Guerrero que recibieron amenazas de muerte tras denunciar a dirigente estatal de su partido


Rosario García Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero 28 de 2017 (NOTYMAS).- Panistas guerrerenses denunciaron que han recibido amenazas de muerte, luego de que interpusieron una denuncia contra el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Maganda Villalba y su esposa la diputada federal, Guadalupe González Suástegui ante la Agencia del Ministerio Público por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública; por lo que los responsabilizan de lo que suceda a su persona o a sus bienes.

Irma Lilia Garzón Bernal, ex diputada local del PAN, declaró que el pasado 12 de febrero, fecha en que se llevó a cabo el Consejo Estatal del Blanquiazúl, varios consejeros sufrieron amenazas y golpes por parte de los "guaruras" del dirigente estatal y su esposa; por lo que hicieron las denuncias respectivas no solo en la agencia del MP sino también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agregó que a raíz de esas denuncias judiciales, "Hemos recibido amenazas vía telefónica en las que nos gritan "Ya bájale, quita tu denuncia que presentaste o te vamos a matar", y agregó que a raíz de esa llamada por temor evita contestar llamadas provenientes de números que no tenga registrados.

Por su parte, Victoria Escuen Ávila, consejera nacional de Acción Nacional, aseguró que desde el viernes pasado ha recibido llamadas telefónicas en las que le exigen que retire la denuncia interpuesta contra el dirigente del PAN en Guerrero o se va a arrepentir, y dijo no creer que su temor sea para menos, puesto que ya tres ex militantes de Acción Nacional del estado han sido asesinados: José Bajos Valverde, Braulio Zaragoza y Guillermo Cisneros Chegüe, privado de la vida hace apenas dos años, quien por cierto era esposo de Escuen Ávila.

En tanto Guido Rentería militante del mismo partido, dijo que el jueves pasado recibió una llamada de un número privado, y sólo le dijeron "bájale de güevos, retira tu pinche demanda o te va a cargar la chingada".

Por lo anterior, los denunciantes adelantaron que pedirán a la Fiscalía General del Estado, solicite un juicio de procedencia al Congreso de la Unión para que la diputada federal Guadalupe González Suástegui sea desaforada, enfrente a la injusticia y responda por las imputaciones que le hacen sus compañeros de partido.


También solicitaron al gobierno estatal proporcione protección a los denunciantes ante el temor de que las amenazas que les han hecho sean cumplidas. (NOTYMAS).

Los mexicanos, no confían en ninguna Institución y ni en los partidos políticos: CDHG



Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero 28 de 2017 (NOTYMAS).- Los mexicanos, no confían en ningún tipo de institución, con excepción de las Universidades y el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que no creen que sus instituciones puedan ayudarlos a salir de sus condiciones en que viven ni contribuir en la recuperación de su paz social con justicia y dignidad, expuso la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), Violeta Parra Reynada.

Al participar como ponente en el “Foro Académico de Derechos Humanos y Acceso a los Derechos Sociales”, realizado en el marco de la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, la también ex fiscal especializada para la atención de los delitos electorales (Fepade), expuso, que en México se trabaja en una base social altamente acostumbrada al asistencialismo.

Pero también con algunos -afortunadamente cada vez menos-, funcionarios de gobierno que miran a los ciudadanos desde un pedestal, los ciudadanos viven entre la angustia, la irritación y la ira, porque apenas si sobreviven gracias a los programas que el gobierno ofrece pero no hay alternativas concretas, sólidas y estructuradas que paulatinamente les permita acceder a mejores condiciones de vida.

Hoy más que nunca indicó la visitadora, se hace evidente que se requiere esfuerzo y voluntad para construir una nueva forma de relacionarse con y entre los ciudadanos que permita reconstruir el tejido social pero sobre todo, permita recuperar la confianza en las instituciones, que a la vista de los resultados, sigue perdiéndose.

Parra Reynada refirió, que la empresa Mitofsky, en su encuesta nacional “México Opina”, en 2015, reveló que las universidades, la iglesia y el ejército, gozaban de un nivel de confianza alto, para octubre de 2016, solamente las universidades; en el nivel de confianza medio, se situaron la iglesia, el ejército, la CNDH, las estaciones de radio, los medios de comunicación, los secretarios, el INE y los bancos, en el rango más bajo de confianza, se ubicaron las cadenas de televisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Senadores, la Presidencia, la policía, los diputados, los sindicatos y los partidos políticos en último lugar.

Aún aquellas instituciones que se mantuvieron en sus posiciones en la tabla, todas excepto el INE, mostraron una tendencia a la baja en su credibilidad ante los ciudadanos, que va del 0.1 de los bancos, hasta el 0.6 de la presidencia, estos números subrayó, revelan una grave tendencia, “los mexicanos no creen que sus instituciones puedan ayudarlos a salir de sus condiciones en que viven ni contribuir en la recuperación de su paz social con justicia y dignidad”.

Al relacionar los derechos humanos que son inherentes a todos, sin distingo de  nacionalidad, lugar de residencia, sexos, color religión, lengua, y son necesarios para su supervivencia, desarrollo físico e intelectual, y la convivencia con otros seres humanos, con el esquema de descredito, refirió que en México no se enseña la materia de derechos humanos desde la educación básica.

Si acaso, en aquellas consideradas conexas, como derecho internacional, relaciones internacionales o ciencias políticas, no se les enseña derechos  humanos a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, a los contadores. A pesar de que todas estas áreas están relacionadas porque tarde o temprano, todas y cada una de ellas van a diseñar, operar o ejecutar programas sociales.

Los derechos -económicos, sociales, culturales y ambientales-, y que se refieren al lugar de trabajo, la familia, número y esparciamiento de los hijos, la participación en  la vida cultural, el acceso a la vivienda,  la alimentación, el agua, la atención de la salud, la seguridad social y la educación, “aquí podemos ver que tan importante es la materia de derechos humanos se imparta en las universidades para que todos y todas estemos enterados que son los derechos humanos, ahora que sirven, como los podemos emplear para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos”, subrayó.

Parra Reynada, juzgó que las dependencias han postergado la adopción de políticas sociales con un enfoque de derechos humanos, y siguen emprendiendo acciones que no consideran la desigualdad, la discriminación o la exclusión como actores determinantes de violaciones a los derechos humanos.

Agregó que organizaciones sociales no gubernamentales de la sociedad civil organizadas, han salido a las calles para obtener el acceso a los programas sociales, exigiendo que  dejen de usarse con fines clientelares y se distribuyan con equidad y justicia, ya que con derechos que constituyen el primer peldaño para acceder a un correcto nivel de vida, sin lujos, pero indispensable para el desarrollo integral de las familias.


La visitadora de la CDHG, afirmó que en este momento, las políticas publicas sustentadas en derechos humanos, se desconectan de su propósito inicial, por sus trámites lentos, complicados, o difíciles de entender para la mayoría de las personas y se alejan de su razón de ser, lo que provoca un rápido deterioro de la relación gobierno ciudadano. (NOTYMAS).