Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., diciembre de 2015.- El sistema policíaco de Guerrero es “insuficiente” para enfrentar la situación de violencia e
inseguridad que prevalece en Guerrero, reconoció el secretario de Gobierno,
Florencio Salazar Adame.
“No tenemos capacidad de respuesta adecuada, (aunque) no estamos
rebasados, porque las instituciones siguen operando, pero sí hay
insuficiencia”, declaró a reporteros este martes el funcionario estatal.
“Tenemos información de que en algunas regiones del estado de pronto
aparecen grupos armados y acude la policía de la entidad con los recursos a su
alcance. El sistema que opera en la entidad es insuficiente, me refiero a las
fuerzas policiacas”, aceptó.
Dio a conocer que el gobierno de Héctor Astudillo Flores está haciendo lo
posible para tener más elementos policiacos capacitados, que pasen la prueba de
confianza, que avance el Mando Único, y en un plazo corto se garantice la
capacidad de respuesta.
“El gobernador ha hecho la solicitud a las fuerzas armadas, esperemos que
haya respuesta a la brevedad”, indicó.
El secretario de Gobierno rechazó también que los retenes de la Policía
del Estado se hayan retirado un día antes de que fueran asesinados los cuatro
policías comunitarios de Tixtla, ocurrido la semana pasada.
Comentó que primero se consideró importante la presencia policiaca por el
proceso electoral extraordinario, pero luego “hubo declaraciones de que lo
mejor era que no estuviera esta presencia policiaca”.
-¿La CRAC dijo que el atentado fue un acto paramilitar? -se le inquirió.
-Deben acudir a presentar la denuncia para que se hagan las
averiguaciones ante la Fiscalía. Este gobierno actúa dentro de la ley
-respondió.
Precisó que en Tixtla nunca hubo un toque de queda y que la autoridad
municipal lo recomendó a la población ante los altos índices de violencia, que
no se han podido abatir. “Eso solamente lo puede solicitar el presidente de la
República con aprobación del Congreso”, dijo.
Salazar Adame confirmó la presencia de grupos de la Policía Federal para
garantizar el resguardo de las instalaciones donde se realizará la evaluación
docente.
“Quien esté en contra tienen su derecho de
expresar su desacuerdo, a lo que no tienen derecho es que a los que sí desean
hacerlo se les impida o los obliguen por la vía de la fuerza a que esto no
ocurra”, expuso
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