Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., mayo de 2015. Pese a que el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG) impuso multas
contra sujetos obligados por negar la entrega de información pública, la
Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal no las hizo
efectivas.
Roberto Rodríguez Saldaña, presidente del ITAIG, informó que
el año pasado se ordenaron 30 procedimientos de sanción, que de acuerdo a la
ley debe ejecutar el Poder Ejecutivo a través de su área financiera.
Añadió que las instituciones “no se pueden fortalecer si no hay participación de los tres poderes públicos en Guerrero para comprometerse a
que la sociedad esté informada y conozca qué están haciendo.
No es necesario que te pidan información, si la tienes en un
portal con eso es suficiente, se cumple”, expuso. Anunció la firma de convenios
con instituciones “para que nos ayuden a promover y difundir la cultura de la
transparencia”.
En entrevista dijo que Guerrero se encuentra debajo de la
media nacional en materia de transparencia porque la mayoría de los
ayuntamientos incumplen sus obligaciones al no contar con portal de internet y
niegan la información.
Por eso celebró la promulgación de la Ley General de Acceso a
la Información que promulgó la semana pasada el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, la cual deberá armonizarse en Guerrero a más tardar en un
año.
Explicó que la nueva legislación es más rigurosa para
garantizar la transparencia y el acceso a la información, pero también más severa
para quienes la infrinjan que van de los 150 a mil 500 salarios mínimos.
Agregó que las sanciones ya no se pagarán del erario público,
sino que cada funcionario o trabajar sancionado deberá cubrirlas de su salario.
Porque ahora desde el superior jerárquico hasta los
trabajadores de cada dependencia que maneje recursos públicos deberán informar
sobre salarios, viáticos, bonos, comisiones y recursos que deriven de salarios
y prestaciones.
Ente los sujetos obligados se incluyen a los sindicatos,
partidos políticos y asociaciones civiles que reciben recursos, personas
físicas y morales.
Rodríguez Saldaña explicó que los recursos de inconformidad
ya no serán vistos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que
ahora podrán ser atraídos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
(INAI) y que solo podrá ejecutar el promovente.
“La nueva ley le da a la sociedad la oportunidad de que
puedan acudir e interponer ese recurso en contra de sujetos obligados”,
explicó.
Señaló que la ley estatal de transparencia es buena y que
está en la media nacional, pero sostuvo que el problema radica en la falta de
compromiso institucional, “no podemos decir que hay compromiso cuando vemos que
de 81 ayuntamientos, solo 19 rindieron informes”.
“Pero vamos a aplicar sanciones a esos ayuntamientos que no cumplieron con su obligación”, expuso.
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