Salomón Cruz Gallardo/IRZA
Chilpancingo, Gro., abril
de 2015. - El Congreso local promovió una denuncia penal contra quien
resulte responsable por los destrozos que causaron “encapuchados” el domingo
pasado.
Bernardo Ortega Jiménez,
presidente de la Comisión de Gobierno, afirmó que la denuncia no es parte de
las negociaciones. “Que estos vándalos paguen con cárcel porque esto es un
vandalismo, esto no exigir justicia”.
Pidió a la Fiscalía General de
Estado que acelere las indagatorias y que dé con el paradero de los verdaderos
responsables.
Durante la protesta en la sede
legislativa participaron padres de los 43 estudiantes desaparecidos,
estudiantes de la normal de Ayotzinapa y maestros de la CETEG.
Bernardo Ortega Jiménez,
presidente de la Comisión de Gobierno, dijo que quien resulte responsable en
las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado (FGE), “se
merece la cárcel”.
Dijo que en este momento no
tienen una cuantificación de los daños pero recordó que en la última irrupción
violenta ascendieron a más de 2 millones de pesos, pero estimó que en ésta “se
incrementó”.
Porque la cancelería está inservible,
“le echaron un carro encima”.
Sostuvo que la protesta de
estudiantes, padres y maestros “es un vandalismo, ya no es exigir justicia, sí
no más bien dicho es agraviar a las instituciones, no pueden seguir ellos
destrozando el patrimonio del pueblo de Guerrero”.
Insistió que la sede del
Congreso “no es de los diputados si no la población”. Aclaró que los
guerrerenses pagarán la reparación del inmueble a través de sus impuestos.
Admitió que el movimiento
social no puede quejarse del poder legislativo porque “en mil veces nos hemos
solidarizado con ellos” por lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Ortega Jiménez dijo que el
poder Legislativo es respetuoso de sus acciones, pero recalcó: “tampoco podemos
seguir tolerando eso”.
“En un momento no muy lejano la
Fiscalía General del Estado haga detenciones, porque ya basta de que sigan
vandalizando la sede del Congreso local.
Exigió al gobierno estatal que
ya es justo que meta en cintura a los estudiantes normalistas, sin descartar
que exigir castigo a los responsables del caso Ayotzinapa.
Pero después corrigió que la
exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas sólo es un pretexto,
la que fue valida en su momento, pero ya no para que sigan realizando estos
destrozos “ni aquí ni en ninguna otra institución pública porque al final los gastos los paga el pueblo de Guerrero”.
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