martes, 22 de octubre de 2013

Red de Derechos Humanos exige esclarecer asesinatos de líderes sociales en Guerrero


México DF, 22 de octubre del 2013/ANG.- Integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestaron su repudio  por el incremento en el número de asesinatos y agresiones a defensores y defensoras en el estado de Guerrero.

Recontaron que del 2012 a la fecha la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha documentado el asesinato de 3 defensoras de derechos humanos: Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc), ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y ahora, el asesinato de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada  a plena luz del día, el 19 de octubre en la comunidad Mexcaltepec del municipio de Atoyac de Álvarez.

Ante el contexto de impunidad que ha permeado en los asesinatos de Fabiola y Juventina, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México insta a su gobierno a establecer mecanismos de investigación que permitan sancionar los asesinatos y agresiones hacia las defensoras; así como el establecimiento de protocolos de seguridad que garanticen la labor de las y los defensores en el estado de Guerrero. Dichas medidas se tornan imprescindibles al reconocer que de acuerdo al Diagnóstico 2012 de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos denominado “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica”, Guerrero es uno de 5 estados de la República con el mayor número de agresiones a defensoras de derechos humanos, sólo a lado de estados como Chihuahua o Oaxaca.
Las agresiones y asesinatos documentados, se unen a la arbitraria detención de Nestora Salgado Romero, Coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) el pasado 21 de agosto de 2013; así como la ejecución en este 2013 de los defensores: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, quienes junto con 5 más de sus compañeros fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013 luego de la manifestación pública que realizaron en la caseta de cobro ubicada en la periferia de Iguala; el asesinato de los integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), entre ellos su dirigente Raymundo Velázquez Flores, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 5 de agosto de 2013 en Coyuca de Benítez; y por otra parte, la  desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologistas de la Sierra de Petatlán quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de diciembre de 2011.
Ante ello, exigimos que la labor de las y los defensores de derechos humanos sea considerado en las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que su gobierno brinde garantías de seguridad y justicia a las y los defensores de las ciudades, así como de las defensoras comunitarias en el estado, con el objetivo de evitar que la impunidad siga prevaleciendo. De esta forma su gobierno estaría cumpliendo con los más altos estándares internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos que establece “los principios básicos que todo gobierno debe respetar sin reservas para garantizar que las personas que defienden los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo libremente y sin temor a represalias.”
En el caso específico de Rocío Mesino, exigimos protección para sus familiares, quienes presenciaron el asesinato de la dirigente social y que los culpables materiales e intelectuales sean investigados y sancionados a la brevedad.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México está conformada por 135 activistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones y periodistas de 20 distintos estados de la República, cuyo compromiso es la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, el derecho a la información y la libertad de expresión, y defender el derecho de las mujeres defensoras a defender derechos humanos, estará atenta de las acciones que su gobierno emprenda para el esclarecimiento de este lamentable hecho (ANG)

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