Bernardo Torres. Chilpancingo, Guerrero. 22 de noviembre
del 2012 / ANG.- Como un acto de autoritarismo y retroceso
a la democracia y el estado social de derecho, calificó el ex candidato priista
a la alcaldía de Acapulco, Fermín Alvarado, que el Congreso Local no lo haya
ratificado como magistrado.
Consideró
que el Congreso tuvo la oportunidad de continuar vulnerando o no el estado de
Derecho; de continuar atropellando o no garantías y principios
constitucionales y la propia legalidad o no, de las actuaciones del Poder Legislativo, sin embargo con el
voto en contra de su ratificación, hizo todo lo contrario.
A través
de un comunicado, el ex diputado federal priista, cuestionó que este no es,
este, un asunto que se tenga que
resolver con motivaciones de carácter
político, que después de 7 años,
debería de resolverse conforme a
la Ley, a la Jurisprudencia y a los
Principios Generales de Derecho, para evitar seguir incurriendo en
ilegalidades.
Explica
el documento que mediante Decreto número 293, de fecha 22 de abril de 1999,
Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, fue nombrado Magistrado Numerario para integrar
el Tribunal Superior de Justicia del Estado por el periodo comprendido del
1º de mayo de 1999 al 30 de abril de
2005.
Dijo
que el Dictamen de Evaluación emitido por el Titular del Poder Ejecutivo el
20 de abril del 2005, fue presentado de
manera extemporánea ante el Congreso, violando garantías constitucionales y
legales.
Entre
el 28 de abril del 2005 en que se turnó
el asunto a la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación al 30 de abril del 2005, fecha en que fenecía
dicho nombramiento, no se podían cumplir los
términos y formalidades
establecidos por el artículo 160 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En
un solo día, el 28 de abril, pleno del Congreso de Guerrero, tomó conocimiento
del Dictamen, lo remitió a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y, el
mismo 28 de abril, ésta sesiono y emitió
Dictamen de No Ratificación del Magistrado Fermín Gerardo
Alvarado Arroyo, y lo presentó al Pleno; ese mismo día, se realizaron dos
sesiones extraordinarias y el pleno emitió el Decreto 491, mediante el cual se
ratificó el Dictamen de No Ratificación del
Magistrado Fermín Alvarado Arroyo.
Alegó
que sobre este asunto el Ejecutivo y la LVII Legislatura fueron conscientes de
que, al observar los términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se tendría por ratificado tácitamente dicho nombramiento, que
dejaron de observar tales términos y en un solo día (28 de abril), sin
audiencia previa para el interesado, validaron, la solicitud presentada por el
Ejecutivo.
En
el comunicado Alvarado Arroyo defiende que ese dictamen deviene arbitrario; no
precisa las razones sustantivas, objetivas y razonables de su determinación; no
hay un examen minucioso del desempeño jurisdiccional y no se sustenta en pruebas que permitan
constatar la correcta evaluación del desempeño como Magistrado.
“Ahora,
la alta capacidad, competencia y excelencia en el cumplimiento de la
responsabilidad del Magistrado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, se acredita con
el hecho de que del total de sus 1,157 resoluciones, sólo en 81 de ellas, los
Jueces Federales concedieron el amparo” se lee.
También
agregó que Alvarado Arroyo, no tiene antecedentes penales ni nunca ha sido condenado por delito de alguna naturaleza.
“Si
tuviera antecedentes penales o por lo menos averiguaciones previas iniciadas en
su contra estaría impedido para poder participar en la búsqueda de espacios de
representación popular”.
Concluye
el documento citando al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
José de Jesús Gudiño Pelayo, quien ha dicho, a propósito de la lucha judicial
por la protección de las garantías judiciales que:
“No es posible entender el Estado de Derecho
Contemporáneo, sin un Sistema de Justicia en el cual los jueces que lo
integran, tengan en su favor un esquema garante de su función y de su persona,
para que cumplan en óptimas condiciones su delicada labor de juzgar, con
absoluta independencia e imparcialidad, lo que se traduce, a su vez, en
escenario de juricidad y legalidad para la sociedad”.
“Tanto
a nivel federal como a nivel local, las Garantías Judiciales con frecuencia son
objeto de disputa entre poderes y de vejación en contra de quienes las
detentan. A través del juicio de amparo, así como de controversias
constitucionales y de acciones de constitucionalidad, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ha tenido que sentar importantes precedentes para dar
cuerpo a estas Garantías y contribuir a la consolidación de un régimen de
respeto hacia las mismas” (ANG).
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