Cero tolerancia ofrece Aguirre Rivero en el caso “Ayopzinapa”

* Informes preliminares de la CNDH no involucran al mandatario estatal  

 Por Felipe Salinas Galván/Corresponsal

Acapulco, Gro., enero del 2012.- Tras el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, el Gobierno de Guerrero anunció el pasado lunes que habrá “cero tolerancia” contra funcionarios de la administración de Ángel Aguirre Rivero y ratificó su compromiso de poner a disposición de las autoridades correspondientes a quienes por sus conductas provocaron la violación de garantías constitucionales contra estudiantes.

A través de un comunicado emitido la tarde-noche del lunes, la administración estatal reiteró y asume el compromiso a cabalidad de acatar y cumplir en todos sus términos, y sin reserva alguna, el informe preliminar emitido por el ombudsman  nacional Raúl Plascencia Villanueva.

Al respecto, añadió que no tolerará a ningún funcionario público que tenga algún tipo de responsabilidad en la violación de garantías, por lo que en consecuencia de los señalamientos contenidos en el informe preliminar de la CNDH, separará de su cargo en principio y de inmediato a los servidores públicos que hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley.

En el documento garantiza que habrá tolerancia cero y que para ello se aplicará el peso de ley para castigar toda violación a los derechos humanos, en contra de cualquier persona.

“En este contexto, reiteramos nuestra convocatoria para retomar el diálogo, para encontrar a través del acuerdo y el consenso las soluciones a los planteamientos de la base estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y así contribuir al clima de distensión y paz que reclaman los habitantes del estado”, añade el pronunciamiento.

E insiste que el compromiso contra la impunidad es firme y se llegará hasta sus últimas consecuencias en estos lamentables acontecimientos, en los que perdieron la vida tres personas.

“Los responsables de esos delitos tendrán que responder en todos sus términos ante las instancias jurisdiccionales competentes, quienes los sancionarán con todo rigor jurídico, pues se trata de crímenes que nos agravian a todos”, agrega.

Y concluye que una vez más, el Gobierno del Estado ratifica su firme e indeclinable determinación con el estricto apego a la legalidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la permanente voluntad de diálogo e interlocución con los diversos actores políticos y sociales.