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El secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, asistió en
representación del gobernador Ángel Aguirre Rivero a la Secretaría de
gobernación, donde su titular, Alejandro Poiré encabezó la ceremonia de
reconocimiento de culpabilidad del Estado mexicano, por el ataque sexual que
sufrió la indígena guerrerense meph'aa Valentina Rosendo Cantú en 2002 a manos
de efectivos del Ejército mexicano. Asistieron la titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), Marisela Morales; la directora de Províctima,
Sara Irene Herrerías; el Comisionado de la Comisión Interamericana de la
Comisión de Derechos Humanos, Jesús Orozco; el director del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; el presidente municipal de
Acatepec, Federico Cantú, y el general Brigadier de Justicia Militar, y
director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional
Rafael Cáceres Ayala.
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Ciudad de México, diciembre de 2011.- El secretario general de gobierno del estado de Guerrero, Humberto Salgado
Gómez, acudió en representación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, al Museo
Memoria y Tolerancia, donde el titular de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Poiré, encabezó la ceremonia de reconocimiento público de
culpabilidad del Estado mexicano por las violaciones a sus derechos humanos en
2002 en contra de Valentina Rosendo Cantú, a manos de efectivos del Ejército
mexicano.
En su intervención,
Humberto Salgado Gómez, aseguró que la administración del gobernador Ángel
Aguirre Rivero, está consciente del compromiso de respetar, defender y promover
los derechos humanos y la democracia.
Por lo que consideró
que este acto de reconocimiento de responsabilidad, obliga a reivindicar la
figura de Valentina Rosendo, como símbolo emancipador de la mujer indígena que
luchó en medio de la adversidad, contra el sistema desigual y discriminatorio;
del machismo al interior de su comunidad y fuera de ella.
“Asimismo que luchó
contra un sistema desigual de justicia anacrónico y excluyente y que urge
reformar y modernizar para que todos tengan acceso a la justicia pronta y
expedita”, dijo.
El funcionario
estatal, dio a conocer que el gobierno del estado de Guerrero, ha instalado la
agencia del Ministerio Público
Especializada en Delitos Sexuales, en Ayutla de los Libres.
Agregó Humberto
Salgado, que el gobierno del estado, en atención a la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el rubro de salud, asume el compromiso
de rehabilitar los centros de salud en la región de La Montaña, particularmente
el de Caxitepec, de donde es originaria Valentina Rosendo.
Concluyó el
funcionario estatal, que el gobierno de Guerrero dispondrá de todos los
recursos legales y políticos a su alcance para garantizar la no repetición de
estos hechos, y asume también el compromiso de revisar las leyes que prevengan
y castiguen los delitos de violencia sexual.
Por su parte, el
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hizo extensivas sus condolencias y
disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década y en los que resultó
gravemente lesionada en sus derechos Valentina Rosendo Cantú.
Durante el acto
público en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Marisela Morales, informó que el 20 de septiembre la institución atrajo
este caso y un equipo multidisciplinario realiza una exhaustiva investigación
sobre los hechos.
Rosendo Cantú, a su
vez, hizo un recuento de los casi 10 años que tuvo que luchar para acceder a la
justicia, a pesar de los malos tratos de las diversas instituciones del
gobierno mexicano, en un proceso en el que sufrió el rechazo y el abandono de
su esposo y su comunidad, de donde tuvo que salir.
En el acto estuvieron
presentes también la directora de Províctima, Sara Irene Herrerías; Jesús
Orozco, Comisionado de la Comisión Interamericana de la Comisión de Derechos
Humanos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera; Federico Cantú, presidente municipal de Acatepec, y el general
Brigadier de Justicia Militar, Rafael
Cáceres Ayala, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de
la Defensa Nacional.
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